El expresidente César Gaviria lanzó una nueva y severa crítica contra el gobierno de Gustavo Petro, cuestionando la política de paz total y advirtiendo que las recientes decisiones del Ejecutivo frente a organizaciones armadas y narcotraficantes representan una grave cesión de autoridad del Estado frente al crimen organizado.

A través de un extenso comunicado difundido por el Partido Liberal Colombiano, Gaviria aseguró que la estrategia de negociación impulsada por el Gobierno no solo ha fracasado en su propósito de reducir la violencia, sino que además ha permitido el fortalecimiento territorial, político y económico de grupos criminales en distintas regiones del país.

El detonante de sus declaraciones fue la solicitud del Ejecutivo para suspender órdenes de captura y procesos de extradición contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, considerado uno de los máximos líderes de esa estructura narcotraficante.

Para Gaviria, la medida constituye una señal extremadamente peligrosa tanto para la institucionalidad colombiana como para la confianza internacional en el país.

“Esto no es un gesto de paz. Es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la estabilidad democrática”, afirmó el exmandatario.

El dirigente liberal sostuvo que desde el inicio del gobierno Petro expresó reservas frente al diseño de la política de paz total, argumentando que se trataba de una estrategia sin límites claros, sin condiciones verificables y sin mecanismos efectivos de presión sobre los grupos armados ilegales.

Según Gaviria, el tiempo terminó confirmando esos temores. En lugar de reducirse, aseguró, las organizaciones criminales aprovecharon los espacios de negociación para expandir su influencia territorial y consolidar economías ilegales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

“Advertimos que negociar sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales. Eso fue exactamente lo que ocurrió”, señaló.

El expresidente afirmó que mientras el Gobierno hablaba de reconciliación y diálogo, regiones enteras del país experimentaron un aumento en la presencia y capacidad operativa de grupos armados ilegales. A su juicio, Colombia no recibió desmovilizaciones masivas ni reducciones sostenidas de violencia, sino un escenario de mayor incertidumbre y debilitamiento institucional.

Gaviria también criticó lo que considera una contradicción del Ejecutivo frente a alias “Chiquito Malo”. Recordó que meses atrás el propio presidente Petro lo había presentado ante autoridades estadounidenses como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano, mientras ahora se promueven medidas para suspender actuaciones judiciales en su contra.

“Hace apenas unos meses, el propio presidente Petro presentó ante las autoridades estadounidenses a alias Chiquito Malo como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano. Hoy, ese mismo gobierno pide detener las medidas judiciales en su contra”, afirmó.

Para el exjefe de Estado, este cambio de postura compromete seriamente la credibilidad internacional de Colombia y transmite un mensaje equivocado frente a la lucha contra el narcotráfico.

“Envía un mensaje devastador: en el país los grandes capos terminan recibiendo más garantías que las víctimas”, agregó.

Uno de los puntos más fuertes del comunicado estuvo relacionado con la defensa de la independencia judicial y la separación de poderes. Gaviria sostuvo que ninguna decisión administrativa del Ejecutivo puede reemplazar funciones propias de la justicia ni interferir en competencias reservadas a jueces y fiscales.

“Ninguna resolución administrativa del Ejecutivo puede reemplazar las competencias de la justicia ni interferir en decisiones que corresponden a las autoridades judiciales”, expresó.

El exmandatario insistió en que la separación de poderes no es un asunto meramente técnico, sino uno de los pilares fundamentales del sistema democrático colombiano. Según dijo, cualquier intento de alterar ese equilibrio erosiona la legitimidad institucional y debilita la confianza ciudadana en el Estado.

Además, mostró preocupación por el momento político en el que se producen estas decisiones. A pocos meses de un nuevo proceso electoral, Gaviria advirtió sobre el riesgo de que organizaciones criminales con control territorial puedan ejercer presión, intimidación o influencia en distintas regiones del país.

“Los colombianos tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde históricamente estos grupos ejercen control territorial. La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales”, afirmó.

El dirigente liberal también hizo referencia al asesinato del periodista Mateo Pérez, presuntamente perpetrado por integrantes de disidencias armadas vinculadas a alias “Calarcá”. Para Gaviria, hechos de este tipo evidencian que la política de paz total no ha logrado reducir la violencia contra la población civil ni contener el fortalecimiento de grupos ilegales.

“Mientras su familia hoy llora y vela su cuerpo, Colombia vuelve a enfrentarse a la realidad dolorosa de una política que, lejos de debilitar a los grupos armados ilegales, terminó ampliando su capacidad de intimidación, control territorial y violencia contra la población civil”, señaló.

En el documento, el expresidente también cuestionó la falta de resultados tangibles derivados de los acercamientos impulsados por el Gobierno. Según indicó, no existe evidencia de una disminución estructural del narcotráfico, las extorsiones, los homicidios o el desplazamiento forzado en las regiones afectadas por el conflicto armado y las economías ilegales.

A su juicio, el país atraviesa una etapa de creciente fragilidad institucional en materia de seguridad, mientras estructuras criminales continúan consolidando corredores estratégicos y ampliando su presencia en zonas históricamente golpeadas por la violencia.

El pronunciamiento refleja además el aumento de la tensión política alrededor de la política de seguridad del Gobierno Petro. Mientras sectores oficialistas defienden la paz total como un intento de reducir décadas de conflicto armado mediante negociación y sometimiento, distintos líderes políticos y sectores de oposición consideran que la estrategia ha generado vacíos de autoridad y ha fortalecido a organizaciones criminales.

Finalmente, Gaviria pidió que las instituciones del Estado actúen con independencia, rigor jurídico y responsabilidad frente a decisiones que, según él, afectan la seguridad nacional y la estabilidad democrática del país.

“Una paz que premia a los victimarios mientras debilita la justicia no es paz. Es la renuncia del Estado a defender a los ciudadanos”, concluyó.

Las declaraciones del exmandatario profundizan el debate nacional sobre los alcances y resultados de la paz total y anticipan que la seguridad seguirá siendo uno de los temas centrales de confrontación política y electoral en Colombia durante los próximos meses.