El paso de Bernardo Camacho por la Nueva EPS continúa generando efectos más allá de su salida del cargo. Durante su gestión como agente interventor, entre 2024 y 2025, acumuló sanciones que superan los 2.117 millones de pesos por incumplimientos a fallos de tutela, en un contexto de alta presión sobre la EPS con mayor número de afiliados del país.

Las multas, registradas por la Rama Judicial y concentradas entre enero y julio de 2025, corresponden a incidentes de desacato derivados de órdenes judiciales que buscaban garantizar servicios de salud a los usuarios. A este monto se suman cerca de 196 millones de pesos en procesos vinculados a Luis Fernando Bernal, quien también tuvo responsabilidades dentro de la entidad.

Tutelas incumplidas: una señal de alerta

Aunque las sanciones recaen sobre funcionarios en calidad personal, el volumen y la recurrencia de los desacatos reflejan dificultades en la capacidad de respuesta de la EPS frente a decisiones judiciales. Detrás de cada multa hay acciones de tutela interpuestas por usuarios que no lograron acceder oportunamente a servicios médicos.

La información fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de respuestas oficiales a solicitudes ciudadanas. Este panorama deja ver una tensión persistente entre la operación administrativa del sistema y la garantía efectiva del derecho a la salud.

A esto se suma un factor adicional: los montos acumulados superan el patrimonio declarado por Camacho al asumir el cargo, lo que plantea dudas sobre la posibilidad real de que estas sanciones sean cubiertas.

El nombramiento que escaló la controversia

El caso tomó una dimensión política tras el nombramiento de Camacho como superintendente de Salud, decisión adoptada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo cuando ejercía funciones presidenciales encargadas.

La designación se produjo en medio de cuestionamientos a su gestión en Nueva EPS, lo que llevó a que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abriera indagaciones, un escenario poco frecuente para un miembro del gabinete.

Ante posibles conflictos de interés, se designó una figura ad hoc para supervisar los asuntos relacionados con la EPS. Esa responsabilidad recayó en Luz María Múnera, quien asumió el seguimiento de los procesos en curso.

Reuniones clave en un sistema intervenido

Durante su paso por la Superintendencia, Camacho también participó en reuniones convocadas por el Ministerio de Salud con interventores de varias EPS. Entre enero y marzo se realizaron al menos nueve encuentros en los que se evaluaron temas sensibles como el flujo de recursos, la contratación de servicios, la compra de medicamentos y la gestión de quejas de usuarios.

En estas sesiones participaron entidades como Famisanar, Capresoca, Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Savia Salud y SOS, en un contexto donde el Estado mantiene bajo intervención a una parte significativa del sistema.

Estos espacios buscaban hacer seguimiento a indicadores críticos y ajustar la operación en medio de una crisis estructural que sigue sin resolverse.

Cambio de liderazgo en un momento crítico

La salida de Camacho de la Superintendencia, a mediados de abril, marcó un nuevo capítulo en la administración del sistema intervenido. La responsabilidad fue asumida de manera temporal por Daniel Quintero, quien tendrá a su cargo la supervisión de estas entidades en un periodo limitado, pero determinante.

El relevo se da en un momento de alta sensibilidad, con millones de usuarios dependiendo de decisiones administrativas que impactan directamente su acceso a servicios de salud.

Un reflejo de las tensiones del sistema

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso evidencia un problema estructural: la dificultad del sistema de salud para cumplir de manera efectiva con órdenes judiciales que buscan proteger derechos fundamentales.

Las tutelas siguen siendo una herramienta recurrente para garantizar atención, y su incumplimiento no solo genera sanciones económicas, sino que expone fallas en la gestión, la coordinación institucional y la capacidad operativa.

En ese contexto, las millonarias multas no son un hecho aislado. Son la manifestación de un sistema bajo presión, donde las decisiones administrativas, el control político y las exigencias judiciales convergen en una tensión constante que aún no encuentra solución de fondo.