El cuidado ha dejado de ser un asunto invisible para abrirse paso, con matices y vacíos, en el debate electoral colombiano. La discusión no es menor: el país atraviesa una transición demográfica que modifica las bases de la vida cotidiana —menos nacimientos, más personas mayores y hogares más reducidos—, lo que incrementa la demanda de atención y apoyo dentro de las familias. En ese escenario, el peso del cuidado continúa recayendo, de manera desproporcionada, sobre las mujeres.

La escena es conocida: jornadas laborales fragmentadas, ingresos inestables y responsabilidades simultáneas de crianza, atención a personas mayores o familiares enfermos. Esta carga, históricamente no remunerada, se conecta con otras brechas estructurales como la desigualdad de ingresos, la informalidad, la limitada participación política y las dificultades que enfrentan las mujeres en zonas rurales. Así, el cuidado se convierte en un punto de intersección entre múltiples problemas sociales que los programas de gobierno no pueden ignorar.

Las propuestas de Gustavo Petro Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López reflejan distintos niveles de aproximación a este desafío. El análisis puede organizarse en torno a tres preguntas clave: si reconocen la magnitud del cambio demográfico, si integran sus propuestas con la institucionalidad existente y si plantean con claridad cómo financiarán sus iniciativas.

De acuerdo con marcos de referencia desarrollados por CEPAL y ONU Mujeres, las respuestas estatales frente al cuidado pueden dividirse en tres categorías: programas aislados, políticas que articulan diferentes acciones y sistemas integrales que requieren coordinación interinstitucional y recursos sostenibles. Bajo esta clasificación, los planes de los candidatos se ubican en tres enfoques: sistémico, focalizado y discursivo.

El enfoque sistémico propone entender el cuidado como un derecho y estructurarlo mediante un sistema nacional. En este grupo se encuentran Sergio Fajardo y Claudia López. Fajardo plantea fortalecer un Sistema Nacional de Cuidado con respaldo normativo y financiamiento, además de expandir su implementación a nivel local mediante redes que integren servicios para la primera infancia, personas mayores y población dependiente. López, por su parte, incorpora el enfoque de las “3R” —reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado— y propone consolidar una red territorial de servicios articulados con la protección social, inspirada en modelos urbanos ya implementados.

El segundo enfoque agrupa propuestas de carácter focalizado. Paloma Valencia plantea medidas concretas como la creación de centros de atención infantil en zonas priorizadas, la formalización de cuidadoras y la ampliación de licencias de paternidad. De forma similar, Abelardo de la Espriella propone subsidios dirigidos a madres y cuidadoras en condición de vulnerabilidad, programas de formación a gran escala y mecanismos para visibilizar económicamente el trabajo de cuidado. Estas iniciativas responden a necesidades específicas, pero no configuran un sistema integral que articule todos los componentes del problema.

El tercer enfoque es predominantemente discursivo. Gustavo Petro Cepeda ha enfatizado la necesidad de transformar las estructuras sociales que sostienen la desigualdad y ha planteado la creación de un sistema nacional de cuidado. No obstante, su propuesta presenta limitaciones en términos de desarrollo operativo, particularmente en lo relacionado con los instrumentos concretos de implementación y la definición de fuentes de financiación.

Precisamente, la financiación constituye el principal vacío transversal. Ninguna de las propuestas aborda de manera detallada el costo real de construir un sistema de cuidado robusto. Estimaciones internacionales sugieren que la inversión requerida podría alcanzar cerca del 3,4 % del PIB en el mediano plazo, una cifra que obliga a discutir con mayor profundidad las prioridades fiscales y los mecanismos de sostenibilidad.

Las implicaciones de este vacío son profundas. En primer lugar, reformas estructurales como la pensional, la laboral o la de salud dependen directamente de cómo se organice el cuidado. Sin servicios adecuados, la participación de las mujeres en el mercado laboral seguirá limitada, afectando la productividad y la sostenibilidad económica. En segundo lugar, las propuestas que no incluyen una estrategia financiera clara corren el riesgo de quedarse en el plano retórico. Y, en tercer lugar, la transición demográfica avanza sin pausa, debilitando las redes familiares que históricamente han asumido estas tareas sin apoyo estatal.

El avance del cuidado en el discurso político representa un paso importante, pero insuficiente. La distancia entre la intención y la política pública efectiva se mide en la capacidad de traducir propuestas en sistemas concretos, con reglas claras, instituciones responsables y recursos garantizados.

En un país donde el cuidado ha sido sostenido mayoritariamente por el trabajo no remunerado de las mujeres, el desafío no es solo reconocer su importancia, sino construir soluciones viables y sostenibles. El verdadero debate no radica en si el cuidado debe ser una prioridad, sino en cómo convertirlo en una política estructural capaz de responder a las demandas del presente y del futuro.