El nuevo impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno en medio de la emergencia económica abrió un fuerte debate en el sector educativo colombiano. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó una intervención ante la Corte Constitucional de Colombia para solicitar que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 0173 de 2026, una norma que podría afectar a decenas de instituciones privadas de educación superior en el país.

De acuerdo con el gremio, el nuevo tributo impactaría a entre 75 y 80 universidades privadas, que tendrían que asumir un pago estimado de 135.000 millones de pesos, una cifra que, según advierten, podría afectar la sostenibilidad financiera de estas instituciones y los recursos destinados a los estudiantes.

La medida adoptada por el Gobierno

El impuesto al patrimonio fue establecido por el Gobierno como parte de las medidas extraordinarias adoptadas para enfrentar la emergencia económica provocada por la ola invernal que ha afectado a varias regiones del país.

La norma establece que todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT deberán pagar un impuesto equivalente al 0,50 % del valor de ese patrimonio.

Con la Unidad de Valor Tributario proyectada para 2026 en aproximadamente 52.374 pesos, el umbral de patrimonio que activa el pago del impuesto se ubica cerca de 10.474 millones de pesos.

Este rango incluye a numerosas universidades privadas del país, lo que generó preocupación en el sector de la educación superior.

Universidades alegan que su patrimonio no es riqueza

Uno de los principales argumentos de las instituciones educativas es que el patrimonio de las universidades no corresponde a capital disponible, sino a infraestructura destinada al servicio educativo.

Dentro de ese patrimonio se incluyen:

• Edificios académicos
• Laboratorios de investigación
• Bibliotecas universitarias
• Auditorios y centros culturales
• Campus y espacios de formación

Por esta razón, las universidades consideran que gravar estos activos equivale a imponer un impuesto sobre recursos que ya están comprometidos con la educación, la ciencia y la formación de estudiantes.

Según Ascún, el patrimonio total de las instituciones que podrían verse afectadas por la medida asciende a cerca de 27 billones de pesos, compuesto principalmente por infraestructura académica y bienes destinados al funcionamiento universitario.

Argumentos presentados ante la Corte

En el documento presentado ante la Corte, dirigido a la magistrada Lina Marcela Escobar, el gremio universitario sostiene que el decreto podría vulnerar varios principios constitucionales.

Entre ellos:

• Equidad tributaria, al tratar a las universidades como si fueran empresas con fines de lucro.
• Capacidad contributiva, al gravar bienes que no generan utilidades sino que cumplen una función educativa.
• Autonomía universitaria, al interferir en el manejo de los recursos destinados a la formación académica.

Ascún sostiene que el Gobierno no explicó suficientemente por qué incluyó a las universidades privadas dentro de los sujetos obligados a pagar el impuesto al patrimonio.

Impacto potencial en estudiantes

Uno de los aspectos más sensibles del debate es el impacto que la medida podría tener en los estudiantes.

Según cálculos del gremio, el monto total que las universidades tendrían que pagar equivale a recursos suficientes para financiar alrededor de 15.000 cupos de educación superior, además de miles de becas y apoyos financieros destinados a estudiantes de bajos ingresos.

Actualmente, el sistema universitario privado colombiano atiende a más de 1,2 millones de estudiantes, lo que representa una parte significativa de la cobertura de educación superior en el país.

En ese contexto, las universidades advierten que cualquier presión financiera adicional puede afectar su capacidad de inversión en programas académicos, investigación y apoyo estudiantil.

Preocupación por la situación financiera del sector

El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, explicó que el impacto del impuesto ya se está evaluando en varias instituciones.

En el caso de Uniminuto, indicó que la universidad deberá pagar cerca de 2.000 millones de pesos, distribuidos en dos cuotas que deberán cancelarse en abril y mayo.

Castilla también advirtió que el sector educativo privado enfrenta actualmente una situación financiera compleja, marcada por varios factores:

• Disminución en el número de estudiantes matriculados
• Incremento del salario mínimo
• Aumento de costos operativos

En ese escenario, el nuevo impuesto podría aumentar la presión sobre las finanzas de las universidades.

Posible impacto en las matrículas

Uno de los temores del sector es que algunas instituciones puedan verse obligadas a trasladar parte del impacto económico a los estudiantes.

Aunque el rector de Uniminuto aclaró que no todas las universidades tomarían esa decisión, reconoció que existe el riesgo de que algunas consideren incrementos en las matrículas para compensar el pago del impuesto.

Esto podría generar un efecto indirecto en el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de ingresos medios y bajos.

Críticas desde el ámbito académico

La medida también ha sido cuestionada por algunos académicos. El exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, criticó el decreto y aseguró que aplicar un impuesto al patrimonio a universidades privadas desconoce su naturaleza como instituciones sin ánimo de lucro.

Según el académico, este tipo de medidas podría afectar recursos que normalmente se destinan a investigación, becas y funcionamiento académico.

Universidades públicas no están incluidas

El decreto establece que el impuesto al patrimonio aplica únicamente a personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta.

En ese sentido, las universidades públicas no están incluidas en la medida, ya que hacen parte del Estado y no pertenecen al grupo de entidades obligadas a pagar este tributo.

Lo que pide Ascún a la Corte Constitucional

Ante este panorama, Ascún solicitó a la Corte Constitucional varias alternativas frente al decreto:

• Suspender provisionalmente la aplicación del impuesto a las universidades mientras se estudia la norma.
• Declarar inconstitucional la totalidad del decreto.
• Permitir el impuesto, pero excluir a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial.

La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional, que deberá analizar si el impuesto respeta los principios establecidos en la Constitución o si, por el contrario, puede afectar la estabilidad del sistema universitario privado y el acceso de miles de jóvenes colombianos a la educación superior.