La captura de Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, terminó convirtiéndose en un caso con múltiples aristas jurídicas y políticas. Fue detenido en un retén en La Guajira cuando transportaba 145 millones de pesos en efectivo y material electoral pedagógico. Horas después, una juez declaró ilegal la captura, ordenó su libertad y dispuso la devolución del dinero.

Lo ocurrido abrió interrogantes sobre el procedimiento policial, la actuación de la Fiscalía y los protocolos internos de la Unidad Nacional de Protección.

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El contexto: un desplazamiento autorizado

Según explicó el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, el escolta hacía parte de un esquema oficial de protección financiado con recursos públicos.

De acuerdo con la versión entregada por el funcionario protegido, Lacouture habría autorizado al escolta a desplazarse hacia Maicao con el propósito de realizar una negociación para cambiar de vehículo, una especie de permuta.

Rodríguez cuestionó ese permiso, señalando que cualquier ausencia o modificación del esquema debe ser informada formalmente a la UNP para garantizar reemplazo y continuidad en la protección. Desde el punto de vista administrativo, considera que hubo una irregularidad en el manejo del esquema.

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La doble inspección y el hallazgo del dinero

El episodio ocurrió en dos momentos distintos:

1. Primer retén:
   El vehículo fue detenido y revisado. Según lo relatado públicamente, en esa inspección solo se habría encontrado material electoral pedagógico —tarjetones explicativos sobre cómo votar—, lo cual no constituye delito.
2. Falla mecánica y segunda revisión:
   Más adelante, el automóvil presentó una avería que, según la versión conocida, habría sido causada por gasolina mezclada con agua. El carro fue cargado en una grúa.
   En ese segundo control, cuando el vehículo estaba sobre la grúa, la Policía encontró siete paquetes con dinero en efectivo dentro de la maleta del escolta.

Ese hallazgo dio lugar a la captura.

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La acusación de posibles irregularidades policiales

El director de la UNP afirmó que, según la versión transmitida por el propio escolta, el procedimiento posterior habría tenido inconsistencias.

Entre los señalamientos mencionados públicamente:

• Los paquetes con dinero habrían sido bajados inicialmente del vehículo.
• Posteriormente, un oficial habría ordenado marcarlos con nombres de dirigentes políticos del departamento.
• Finalmente, se habría recreado la escena mientras se grababan videos con teléfonos celulares.

Rodríguez aclaró que no le corresponde juzgar la veracidad de esa versión y que será la Fiscalía la encargada de establecer si existió algún tipo de irregularidad en el operativo.

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La defensa jurídica: ilegalidad de la captura

El abogado Iván Cancino asumió la defensa del escolta por solicitud directa de Lacouture. Su estrategia se centró en cuestionar la legalidad del procedimiento y la base jurídica de la imputación.

Principales argumentos:

1️⃣ Violación del plazo constitucional

El escolta permaneció cerca de 32–33 horas privado de la libertad antes de ser presentado ante un juez de control de garantías, lo que llevó a que la captura fuera declarada ilegal.

2️⃣ Ausencia de flagrancia

Cancino sostuvo que en Colombia no es delito portar dinero en efectivo ni material electoral pedagógico. Por tanto, no se configuraba una situación de flagrancia que justificara la detención.

3️⃣ Cambio en la tipificación penal

Inicialmente se habría hablado de omisión de declaración de bienes. Luego, la Fiscalía modificó la imputación hacia lavado de activos bajo las modalidades de transporte o custodia.
La defensa alegó que no se presentó ninguna prueba que demostrara el origen ilícito del dinero, requisito indispensable para sostener ese delito.

La juez no solo declaró ilegal la captura, sino que además ordenó la devolución inmediata de los 145 millones de pesos.

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La carga probatoria y el debate jurídico

En delitos como el lavado de activos, la carga de demostrar el origen ilícito de los recursos recae en la Fiscalía. La sospecha, por sí sola, no basta para sustentar una imputación.

La defensa insiste en que:

• No existe prueba de vínculo con actividad criminal.
• No hay evidencia de financiación ilícita.
• No se acreditó procedencia ilegal de los fondos.

Desde esta perspectiva, el proceso penal carecería de sustento.

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Impacto institucional

Para la UNP, el caso genera un problema reputacional, ya que involucra a un funcionario adscrito a un esquema oficial de protección.

Más allá del proceso penal, la entidad evalúa si hubo incumplimiento de protocolos internos al autorizar un desplazamiento sin notificación formal.

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Un episodio en ambiente preelectoral

El caso ocurre en un contexto de proximidad a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que amplifica la sensibilidad frente a cualquier hallazgo de sumas significativas de dinero asociadas a entornos políticos.

Aunque hasta ahora no existe imputación formal consolidada ni prueba pública de actividad ilícita, el episodio ha generado cuestionamientos en la opinión pública.

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Estado actual del caso

• El escolta permanece en libertad.
• El dinero fue devuelto por orden judicial.
• La captura fue declarada ilegal.
• La Fiscalía continúa con indagaciones.
• Se revisa la actuación policial.
• La UNP evalúa posibles faltas administrativas.

El desenlace dependerá de si las autoridades logran establecer una conducta penal concreta o si el expediente se cierra confirmando que no hubo delito y que la captura fue resultado de un procedimiento defectuoso.

Por ahora, el caso sigue abierto y bajo escrutinio público, con interrogantes tanto sobre el origen del dinero como sobre la legalidad de la actuación policial.