El próximo 8 de marzo el país acudirá a las urnas para elegir un nuevo Congreso, y el Estado ha decidido enviar un mensaje claro: la democracia se protege con presencia institucional y autoridad legítima. En ese marco, la Policía Nacional de Colombia desplegará cerca de 120.000 uniformados en todo el territorio nacional como parte del Plan Democracia.

El operativo cubrirá 7.679 puestos de votación —más de la mitad de los habilitados— y brindará custodia a más de 110.000 mesas electorales, lo que representa aproximadamente el 90 % del total instalado para la jornada. En cifras generales, funcionarán 13.493 puestos y 122.121 mesas en todo el país.

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Un despliegue estratégico y diferenciado

De acuerdo con las autoridades, alrededor de 70.000 policías estarán ubicados directamente en los puestos de votación para proteger el material electoral y garantizar la tranquilidad de jurados y votantes. Otros 50.000 uniformados reforzarán la seguridad en perímetros, corredores viales y zonas estratégicas.

La estrategia no será uniforme. Las autoridades priorizarán territorios donde históricamente se han presentado riesgos de violencia política, intimidación a candidatos o interferencia de grupos armados ilegales. El enfoque será preventivo, con capacidad de reacción inmediata ante cualquier alteración del orden público.

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Municipios bajo alerta

El contexto de estas elecciones no es menor. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido que 170 municipios presentan algún tipo de riesgo electoral, de los cuales 81 están clasificados en riesgo extremo.

Regiones como Arauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el norte del Cauca, zonas del Pacífico y áreas del suroriente del país —incluyendo municipios de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo— concentran parte de las preocupaciones por antecedentes de violencia y amenazas recientes.

Ante este panorama, se activarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en diferentes niveles territoriales para coordinar en tiempo real la respuesta institucional y garantizar que cada incidente sea atendido con rapidez.

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Combate frontal a los delitos electorales

La estrategia de seguridad incluye un componente investigativo. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) puso en marcha el Equipo Especial contra Delitos Electorales (ECODE), con presencia en 54 seccionales del país, para judicializar conductas como la compra de votos, el constreñimiento al elector y otras irregularidades.

La línea 157 estará habilitada para que los ciudadanos denuncien cualquier intento de fraude o presión indebida durante la jornada.

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La democracia como prioridad nacional

Las elecciones legislativas no solo definirán la composición del Congreso; también pondrán a prueba la capacidad del Estado para garantizar procesos transparentes en medio de desafíos de seguridad.

El despliegue de más de 120.000 uniformados no es solo una cifra operativa: es un mensaje político e institucional. La voluntad popular debe expresarse sin miedo, sin amenazas y sin interferencias. En cada municipio, en cada mesa y en cada voto, el compromiso es uno solo: que la democracia prevalezca con garantías plenas para todos los colombianos.