La emergencia por las fuertes lluvias en Córdoba fue el motivo formal del más reciente consejo de ministros convocado por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, lo que debía centrarse en la atención inmediata a los municipios afectados terminó convirtiéndose en un escenario de mensajes políticos, cuestionamientos institucionales y señales que impactan el ambiente preelectoral.

La reunión, programada inicialmente para las 7:00 p. m., comenzó pasadas las 10:30 de la noche y se extendió por casi tres horas. El retraso marcó el tono de una jornada que, lejos de ser exclusivamente técnica, estuvo cargada de intervenciones de alto contenido político.

Alcaldes por fuera del recinto

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la situación de diez alcaldes de municipios afectados por el invierno que no lograron ingresar al encuentro. Los mandatarios de Santacruz de Lorica, Tierralta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro permanecieron durante horas a las afueras del lugar, esperando ser escuchados.

Mientras tanto, dentro del recinto participaron el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén. La imagen de los alcaldes sentados en el piso se interpretó en distintos sectores como una señal de desconexión entre el nivel central y las autoridades locales en medio de una crisis que exige coordinación inmediata.

La emergencia económica y el pulso con la Corte

Durante la reunión, el presidente insistió en la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para enfrentar la situación. Petro pidió a la Corte Constitucional reconsiderar la suspensión de la emergencia económica decretada por su administración a finales de 2025, figura con la que buscaba obtener recursos tras no prosperar el proyecto de ley de financiamiento en el Congreso.

El mandatario planteó que, de prosperar esa solicitud, no sería necesario expedir un nuevo decreto. Además, señaló que un eventual estado de emergencia podría incidir sobre la ley de garantías que rige en periodo electoral, al tratarse de decretos con fuerza de ley.

Este planteamiento abrió un nuevo frente de discusión jurídica y política, pues involucra la relación entre estados de excepción y reglas electorales en un contexto donde el calendario político comienza a definir estrategias y posicionamientos.

Señalamientos a la Fiscalía

El consejo también incluyó referencias a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El presidente retomó una publicación en redes sociales de Colombia Humana que insinuaba una supuesta relación entre la Fiscalía y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, información que el propio mensaje reconocía como proveniente de una fuente anónima.

Estas declaraciones profundizan las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía, una relación que ha estado marcada por cuestionamientos públicos y debates sobre independencia institucional. El hecho de que el tema fuera mencionado en un espacio oficial convocado para atender una emergencia climática generó críticas en sectores que consideran que el foco debió mantenerse en la atención humanitaria.

Una reunión con múltiples lecturas

Aunque el objetivo inicial era definir acciones frente al impacto de las lluvias en Córdoba, el consejo dejó la sensación de que la agenda institucional se mezcló con el debate político. No se oficializó un nuevo decreto de emergencia, pese a que había expectativa sobre esa decisión.

El episodio pone sobre la mesa varios interrogantes: la articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios, el uso de herramientas extraordinarias en año electoral y la creciente confrontación entre poderes públicos.

Mientras tanto, en Córdoba, las comunidades afectadas siguen esperando soluciones concretas frente a las inundaciones, daños en infraestructura y pérdidas económicas que dejó el frente frío. La discusión política continúa, pero la urgencia en el territorio no admite dilaciones.