El candidato presidencial y senador Iván Cepeda se pronunció tras la difusión de unos explosivos audios atribuidos a integrantes de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”, en los que presuntamente se estaría impulsando el voto a favor de su candidatura en varias regiones del país mediante intimidaciones y control armado sobre las comunidades.

La controversia estalló luego de que Noticias RCN revelara grabaciones en las que alias “Rogelio”, señalado integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño, habla sobre la importancia de una eventual victoria electoral de Cepeda y menciona supuestas acciones para influir en el comportamiento electoral de los habitantes de zonas bajo presencia de grupos ilegales.

En uno de los fragmentos más polémicos, el hombre afirma:

“Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí sí nos vamos a apretar otros cuatro años nosotros”.

Las declaraciones desataron una fuerte reacción política y reavivaron el debate sobre la posible injerencia de grupos armados ilegales en las elecciones presidenciales, especialmente en regiones donde históricamente las disidencias han ejercido presión sobre las comunidades.

Frente a la gravedad de los hechos, Cepeda rechazó públicamente cualquier forma de intimidación electoral y pidió que las autoridades judiciales investiguen a profundidad tanto la autenticidad de los audios como el alcance de las presuntas presiones armadas.

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico, ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo en mi condición de candidato presidencial, aceptamos esta clase de acciones”, expresó el senador.

El dirigente político insistió en que las personas responsables deben ser judicializadas y sostuvo que ni él ni su campaña tienen relación con organizaciones armadas ilegales.

Cepeda también reveló que en los últimos días recibió información de organizaciones sociales, autoridades locales y de la Defensoría del Pueblo sobre posibles presiones ejercidas por grupos armados en diferentes territorios del país para influir en las elecciones presidenciales.

“Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”, aseguró.

Las denuncias se concentran principalmente en sectores del departamento del Guaviare, donde las disidencias mantienen una fuerte presencia armada y disputas por corredores estratégicos vinculados al narcotráfico y otras economías ilegales.

Según reportes de inteligencia conocidos tras la difusión de las grabaciones, integrantes de estas estructuras estarían imponiendo normas de control territorial y realizando cobros ilegales a campesinos y habitantes de zonas rurales cercanas a Puerto Cachicamo.

En otro de los apartes del audio, alias “Rogelio” menciona supuestos pagos obligatorios para quienes quieran permanecer en el territorio.

“El que no tenga el carné paga 150.000 o 200.000 pesos, o si no se va del territorio”, señala la grabación.

Además, el presunto integrante de las disidencias advierte que quienes no obedezcan las órdenes de la organización armada podrían perder sus tierras o ser expulsados de la región.

Las autoridades consideran que estas acciones formarían parte de un esquema de control social y político mediante amenazas y extorsiones, práctica que históricamente han utilizado diferentes grupos ilegales para mantener dominio sobre las comunidades rurales.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias “Rogelio” tendría cercanía con alias “Caicedo”, señalado cabecilla disidente vinculado a recientes ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en el sur del país.

El caso volvió a encender las alarmas sobre las garantías electorales en regiones afectadas por el conflicto armado y sobre la capacidad del Estado para impedir que organizaciones criminales interfieran en el proceso democrático.

Aunque Cepeda negó cualquier relación con estas actuaciones y solicitó una investigación inmediata, sectores políticos de oposición pidieron explicaciones más profundas y reclamaron acciones urgentes del Gobierno y de los organismos de seguridad para proteger a las comunidades y garantizar elecciones libres de presiones armadas.

Mientras tanto, organismos judiciales y de inteligencia avanzan en el análisis técnico de las grabaciones para determinar si los audios son auténticos, identificar plenamente a los responsables y establecer si existieron órdenes concretas para favorecer electoralmente alguna candidatura presidencial mediante mecanismos ilegales de intimidación.