Las declaraciones atribuidas a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, exjefe de la organización criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, volvieron a sacudir el panorama político y judicial colombiano. En un audio que circula desde hace varios días, el capo asegura haber realizado aportes económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, presuntamente a través de su hermano, Juan Fernando Petro, y menciona supuestas gestiones relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El contenido del audio, de poco más de un minuto, no solo apunta a una presunta financiación irregular de campaña, sino que revive denuncias previas que ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades y que involucran intentos de influencia en nombramientos dentro de una de las entidades más sensibles del Estado.

Negación tajante y denuncia de montaje

En entrevista con EL TIEMPO, Juan Fernando Petro negó de manera categórica cualquier vínculo con alias Pipe Tuluá. Aseguró que nunca recibió dinero del capo, que no lo conoce personalmente y que las imágenes y audios que circulan hacen parte de un montaje diseñado para desprestigiarlo. Según su versión, su participación política durante la campaña presidencial fue limitada y se financió con recursos propios y de pequeños aportes ciudadanos, sin que haya mediado dinero de origen ilícito.

No obstante, el señalamiento del extraditado incluye un punto particularmente delicado: la referencia directa a supuestas gestiones en la DIAN, una entidad clave en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos.

El antecedente que conecta el caso

La mención de la DIAN no surge en el vacío. En febrero de 2025, el entonces director de la entidad y hoy exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, denunció públicamente que Juan Fernando Petro visitó su despacho para solicitar el nombramiento de un recomendado como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, uno de los principales puertos del país y zona estratégica para el comercio exterior.

Según Reyes, la reunión se produjo en compañía de César Augusto Valencia, una persona posteriormente señalada por presuntos vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado uno de los principales articuladores del contrabando en Colombia. El exdirector de la DIAN afirmó que rechazó la solicitud y que dejó constancia de los hechos ante la Corte Suprema de Justicia.

Además, aseguró que recibió advertencias internas sobre posibles riesgos en algunos nombramientos dentro de la seccional de Buenaventura, alertas que habrían sido transmitidas por Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

¿Coincidencias o patrón de comportamiento?

El señalamiento de Pipe Tuluá adquiere relevancia precisamente porque coincide con ese antecedente ya documentado. En el audio, el capo afirma tener pruebas —videos, audios y consignaciones— que demostrarían pagos para gestiones tanto políticas como administrativas, incluyendo supuestos favores en la DIAN. Incluso señala que dicho material sería entregado a autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que estas pruebas hayan sido aportadas a procesos judiciales en Colombia o en el exterior. La Fiscalía General de la Nación tampoco ha emitido un pronunciamiento sobre la veracidad del audio ni sobre la apertura de nuevas líneas de investigación a partir de su contenido.

Un caso que vuelve a tocar a la Presidencia

Desde el inicio del Gobierno, el propio presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía que investigara cualquier conducta irregular atribuida a su hermano, en medio de versiones sobre el llamado “pacto de La Picota”, una supuesta estrategia de acercamiento con jefes criminales durante la campaña presidencial. Juan Fernando Petro ha negado reiteradamente la existencia de dicho pacto.

Sin embargo, en declaraciones anteriores, el hermano del mandatario reconoció que realizó gestiones políticas en territorios con fuerte presencia de grupos armados ilegales y que dichas actividades pudieron traducirse en un respaldo electoral significativo para la campaña de Petro en 2022, afirmación que también ha sido objeto de controversia.

Un impacto que trasciende lo judicial

Más allá de si las acusaciones de alias Pipe Tuluá logran o no sostenerse en sede judicial, el caso tiene implicaciones políticas de alto calibre. La participación de un capo extraditado, la mención de una entidad estratégica como la DIAN y el vínculo directo con la familia del presidente colocan nuevamente al Gobierno en una posición defensiva frente a su discurso de lucha contra la corrupción y las economías ilegales.

Mientras las autoridades no esclarezcan si el audio es auténtico y si existe evidencia verificable que respalde los señalamientos, el episodio seguirá alimentando la controversia pública y profundizando la desconfianza ciudadana en un contexto marcado por la polarización política y el desgaste institucional.