El primer debate presidencial de cara a las elecciones de 2026 dejó claro que la carrera por la Casa de Nariño ya entró en una fase decisiva. Los nueve precandidatos que integran la Gran Consulta por Colombia —una alianza que reúne sectores de centro y centroderecha— se encontraron por primera vez en un mismo escenario para exponer sus visiones de país, confrontar ideas y medir fuerzas ante la opinión pública.

El encuentro, organizado por la alianza informativa de EL TIEMPO, Noticias RCN y La FM, se convirtió en un ejercicio de contraste político que permitió identificar coincidencias estructurales, divergencias ideológicas y diferentes lecturas sobre el momento que atraviesa Colombia. Durante cerca de dos horas, los aspirantes respondieron preguntas ciudadanas y abordaron los temas que hoy dominan la agenda nacional: el deterioro de la seguridad, la fragilidad fiscal, la incertidumbre en salud y los desafíos de la educación y el empleo.

Más allá de las propuestas puntuales, el debate funcionó como un termómetro del estado de ánimo político de un sector que busca presentarse como alternativa al actual Gobierno y capitalizar el descontento de amplios sectores de la ciudadanía.

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Economía: ajuste fiscal, confianza y rechazo a nuevos impuestos

El primer bloque del debate evidenció una coincidencia central: todos los candidatos reconocen que Colombia enfrenta una situación fiscal delicada y que el margen para nuevos impuestos es prácticamente inexistente. Las preguntas del público giraron en torno al salario mínimo, la deuda externa, la sostenibilidad del sistema pensional, la política energética y la posibilidad de una nueva reforma tributaria.

Mauricio Cárdenas planteó que el país atraviesa una crisis de financiamiento que obliga a una revisión profunda del gasto público. Su propuesta se centra en reducir el tamaño del Estado sin afectar directamente a los hogares, apostando por una disminución gradual de impuestos y la eliminación progresiva del gravamen a los movimientos financieros. Su discurso se apoyó en la idea de que la estabilidad macroeconómica es un requisito indispensable para recuperar la inversión.

Juan Carlos Pinzón adoptó un tono más confrontacional frente al aparato estatal. Señaló que la burocracia y las nóminas paralelas se han convertido en una carga insostenible y propuso recortes drásticos, incluida la revisión del servicio exterior. Para Pinzón, el ajuste fiscal debe ir acompañado de incentivos temporales que reactiven la economía y generen empleo formal.

David Luna enfocó su intervención en el sistema pensional, alertando sobre la pérdida de confianza de los jóvenes en el Estado. Sostuvo que la sostenibilidad del sistema no pasa por aumentar la edad de jubilación, sino por combatir la informalidad laboral y ampliar la base de cotizantes. Su planteamiento buscó conectar la discusión fiscal con un enfoque social.

Juan Manuel Galán introdujo una lectura más estructural al señalar que el problema de fondo es la baja productividad del país. En su visión, la recuperación económica depende de restablecer la confianza entre ciudadanos, empresarios y Estado, así como de modernizar instituciones clave como la Dian para mejorar la eficiencia sin recurrir a mayores cargas tributarias.

El debate también abordó la política energética. Paloma Valencia defendió la necesidad de fortalecer la producción nacional de gas y energía para garantizar precios competitivos y seguridad energética. Aníbal Gaviria insistió en que la inversión privada solo regresará si existen reglas claras, estabilidad jurídica y una relación respetuosa entre el Estado y el sector empresarial.

En el tema de vivienda y construcción, Enrique Peñalosa criticó el estancamiento del sector y lo calificó como una de las principales causas de la desaceleración económica. Propuso una intervención activa del Estado para facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda nueva y usada, destacando su impacto directo en el empleo y la movilidad social.

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Seguridad: el eje dominante del debate y la principal preocupación ciudadana

La seguridad se consolidó como el tema más sensible del debate y el que generó mayor contraste entre los aspirantes. Las preguntas se centraron en la extorsión urbana, el control territorial de grupos armados ilegales y el rumbo de la política de paz.

Vicky Dávila construyó su discurso a partir del miedo cotidiano que viven millones de colombianos. Planteó una estrategia de persecución frontal contra las estructuras criminales y propuso mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la inteligencia y la denuncia ciudadana. Su mensaje apuntó a una narrativa de autoridad y orden.

Juan Manuel Galán propuso una estrategia enfocada en debilitar las finanzas de los grupos armados y recuperar la cooperación internacional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Diferenció la seguridad interna de las dinámicas regionales, subrayando la necesidad de una política exterior coherente.

Aníbal Gaviria afirmó que la violencia es el principal obstáculo para el desarrollo del país y que no admite interpretaciones ideológicas. Defendió un respaldo total a la Fuerza Pública, acompañado de mayor presupuesto, tecnología y capacidades operativas.

Enrique Peñalosa rechazó cualquier tipo de negociación con organizaciones criminales y defendió la autoridad del Estado como principio irrenunciable. Juan Carlos Pinzón, apelando a su experiencia como ministro de Defensa, aseguró que cuenta con el conocimiento operativo para liderar una política de seguridad firme y efectiva.

Mauricio Cárdenas fue crítico de la política de ‘paz total’ y propuso darla por terminada para retomar una estrategia de control territorial más contundente. En contraste, Juan Daniel Oviedo cuestionó la idea de que la seguridad se resuelve únicamente con el uso de la fuerza. Propuso un enfoque integral basado en inteligencia, prevención y diálogo con las comunidades.

David Luna defendió la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 como una obligación del Estado y planteó fortalecer simultáneamente a la Fuerza Pública. Paloma Valencia, por su parte, propuso una reforma profunda del sistema judicial apoyada en inteligencia artificial y un nuevo plan contra el narcotráfico, centrado en la extinción de dominio y el ataque a las finanzas criminales.

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Salud y educación: críticas al modelo actual y promesas de corrección

En el tramo final del debate, los candidatos abordaron la crisis del sistema de salud y los retos en educación. En salud, hubo un consenso general en que la incertidumbre institucional ha afectado directamente a los pacientes, especialmente en la entrega de medicamentos y la atención oportuna.

Mauricio Cárdenas habló de un plan de choque para estabilizar el sistema. Juan Daniel Oviedo defendió la continuidad de las EPS bajo una vigilancia estricta para evitar la corrupción. Enrique Peñalosa sostuvo que su experiencia administrativa le permitiría corregir las fallas actuales, mientras que Juan Carlos Pinzón atribuyó la crisis a una intención de estatizar el sistema con fines ideológicos. David Luna enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas de salud mental.

En educación, Paloma Valencia anunció que retomaría programas de acceso a la educación superior y ampliaría la formación técnica para jóvenes que no estudian ni trabajan. Juan Manuel Galán insistió en que la niñez debe ser el eje central de las políticas públicas y que la educación debe ir de la mano de la independencia económica de las mujeres cabeza de hogar.

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Un primer mapa de la contienda presidencial

El debate concluyó con una ronda de respuestas cortas que permitió identificar alineamientos y distancias frente a una eventual segunda vuelta. Aunque varios aspirantes expresaron confianza en que el próximo presidente surgirá de la Gran Consulta por Colombia, también quedó en evidencia que la coalición es diversa y que las diferencias internas marcarán el desarrollo de la campaña.

Este primer encuentro no solo inauguró la discusión presidencial de 2026, sino que dejó claro que el debate político estará atravesado por la urgencia de recuperar la seguridad, estabilizar la economía y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. La Gran Consulta por Colombia dio así su primer paso en una contienda que promete ser intensa, polarizada y decisiva para el rumbo del país.