El Gobierno dio un paso inédito en la regulación del sector eléctrico al imponer nuevas cargas económicas a las empresas generadoras, como mecanismo para sostener a las compañías intervenidas y evitar una ruptura en la prestación del servicio. La medida quedó establecida en el Decreto 044 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica, y busca responder a una crisis de liquidez que dejó de ser puntual para convertirse en una amenaza sistémica.

La norma parte de un diagnóstico claro: los recursos ordinarios no alcanzan para atender simultáneamente a varias empresas bajo intervención y el margen fiscal del Estado es limitado. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por redistribuir internamente los costos dentro del propio sistema eléctrico, concentrando el ajuste en los actores que aún mantienen niveles de rentabilidad.

Un aporte obligatorio sobre las ganancias

El primer instrumento creado por el decreto es una contribución parafiscal del 2,5 % que deberán pagar en 2026 las empresas generadoras que obtuvieron utilidades en 2025. El cálculo se hará sobre la utilidad antes de impuestos y no sobre los ingresos ni sobre la producción, lo que implica una afectación directa al resultado financiero de las compañías.

En el caso de empresas con operaciones diversificadas, el cobro se aplicará únicamente a la porción de la utilidad asociada a la generación de energía destinada al servicio público domiciliario. El recaudo se girará al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, con uso exclusivo para financiar procesos de intervención administrativa.

El esquema de pago contempla un anticipo y un ajuste posterior, lo que permite al Estado disponer de recursos de forma anticipada para cubrir necesidades urgentes de caja en el sistema.

Energía como mecanismo de financiación

Además del aporte monetario, el decreto introduce una obligación en especie. Durante el año 2026, las empresas de generación hidráulica que participan en el mercado mayorista con despacho centralizado deberán entregar el 12 % de la energía que vendan en bolsa.

Esa energía será asignada a empresas intervenidas y liquidada mensualmente a un precio de referencia que no supere el valor de mercado ni el costo promedio de los contratos vigentes. El Gobierno asegura que esta medida no alterará las tarifas al usuario final ni el despacho económico del sistema.

Como compensación parcial, los generadores podrán aplicar un beneficio tributario equivalente al 50 % del valor de la energía entregada, descontable del impuesto de renta, aunque el impacto final seguirá representando una reducción de ingresos netos.

Un fondo de rescate ante una crisis prolongada

El fortalecimiento del Fondo Empresarial refleja la magnitud del problema. Según reconoce el propio decreto, los procesos de intervención se han extendido más de lo previsto y las necesidades financieras superan los escenarios considerados inicialmente. La norma busca convertir ese fondo en un amortiguador capaz de evitar un efecto dominó sobre generadores, transmisores y comercializadores.

Desde el punto de vista del Gobierno, permitir que las deudas sigan creciendo pondría en riesgo el acceso al crédito del sector y podría comprometer la continuidad del servicio en varias regiones del país.

El caso Air-e y el origen del ajuste

Aunque el decreto tiene alcance nacional, su trasfondo inmediato es la situación de Air-e, empresa intervenida que opera en la Costa Caribe y que acumula pasivos cercanos a los COP 2,5 billones con otros agentes del mercado. Pese a mantener tarifas por debajo del promedio nacional, su fragilidad financiera encendió las alarmas sobre un posible contagio al resto del sistema.

Antes de esta decisión, el Ejecutivo evaluó trasladar parte del ajuste directamente a los usuarios mediante un cobro adicional por kilovatio hora. Sin embargo, la resistencia del sector y el impacto social de la medida llevaron a buscar una alternativa que concentrara el esfuerzo en las empresas con mayor capacidad económica.

Debate abierto sobre reglas y confianza

La decisión no ha estado exenta de críticas. Algunos gremios advierten que las nuevas cargas tienen naturaleza tributaria y cuestionan su constitucionalidad, al no haber pasado por el Congreso. Otros señalan que el decreto incrementa la incertidumbre regulatoria en un sector que requiere estabilidad para atraer inversión de largo plazo.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de una intervención temporal y excepcional, orientada a evitar un colapso mayor mientras se diseñan soluciones estructurales.

Emergencia económica y redistribución del riesgo

El Decreto 044 se suma a un paquete más amplio de medidas adoptadas bajo la emergencia económica, con las que el Ejecutivo busca compensar un déficit fiscal creciente y la caída de ingresos tributarios. En ese contexto, el sector eléctrico se convierte en uno de los escenarios donde el Estado decide “repartir el golpe” para ganar tiempo.

En el corto plazo, el mecanismo ofrece oxígeno financiero a las empresas intervenidas. En el largo plazo, deja abierto un debate clave sobre hasta dónde puede llegar la intervención estatal y cómo equilibrar la sostenibilidad del sistema con la confianza de quienes invierten en él.