La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia sobre las dificultades estructurales que enfrenta el Estado para cumplir las órdenes de reparación a las víctimas del conflicto armado incluidas en las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El ente de control señaló que la falta de recursos, sumada a los incumplimientos del secretariado de las antiguas Farc en la entrega de bienes, pone en entredicho la materialización del componente restaurativo de la justicia transicional.

De acuerdo con el informe, la ejecución de las medidas de reparación requerirá para 2026 un presupuesto cercano a los COP 121.858 millones. No obstante, solo se han asegurado COP 20.000 millones, lo que representa un déficit del 83,6 % y un faltante superior a los COP 101.800 millones, sin considerar las nuevas sentencias que podría emitir la JEP en el corto y mediano plazo.

Brecha entre compromisos y recursos disponibles

El seguimiento realizado por la Contraloría hace parte de la verificación a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz y de las obligaciones impuestas al secretariado de las antiguas Farc en materia de reparación. En este proceso, el organismo evidenció una diferencia sustancial entre los bienes reportados por la exguerrilla y aquellos que han sido efectivamente entregados, monetizados o puestos a disposición del Estado.

En cuanto a los recursos en efectivo, el secretariado declaró contar con más de COP 12.000 millones, pero solo entregó poco más de COP 2.100 millones. En moneda extranjera, de los USD 450.000 comprometidos, apenas USD 448.500 pudieron ser incorporados al patrimonio autónomo, luego de que USD 1.500 fueran catalogados como falsos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La situación es aún más crítica en el caso de los bienes inmuebles. De los 722 predios reportados como parte del inventario para la reparación de las víctimas, solo uno ha sido formalmente entregado. Estos bienes están bajo la administración de la SAE, entidad encargada de su gestión y eventual monetización, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) fue definida como la beneficiaria de los recursos.

Órdenes sin respaldo presupuestal

El informe advierte, además, que varias de las órdenes judiciales incluidas en las sentencias de la JEP asignan responsabilidades específicas a entidades del orden nacional y territorial para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, dichas obligaciones no cuentan con apropiaciones presupuestales para la vigencia fiscal de 2026, lo que impide su ejecución y aumenta el riesgo de incumplimiento de los fallos.

Según la Contraloría, esta situación no solo afecta la viabilidad financiera de las medidas de reparación, sino que también expone al Estado colombiano a posibles responsabilidades por la falta de cumplimiento de decisiones judiciales que buscan restituir los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Impacto en los derechos de las víctimas

La Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría señaló que los incumplimientos detectados comprometen el derecho a la reparación integral y debilitan los pilares del sistema de justicia transicional. La brecha entre lo prometido y lo entregado, indicó el organismo, genera incertidumbre sobre la efectividad de los principios de verdad, justicia y reparación, así como sobre las garantías de no repetición.

En ese contexto, el ente de control hizo un llamado a las entidades responsables y a las partes involucradas para que adopten correctivos urgentes, fortalezcan los mecanismos de seguimiento y aseguren los recursos necesarios para que las sentencias de la JEP se traduzcan en reparaciones reales, oportunas y efectivas para las víctimas reconocidas por el tribunal.