El Gobierno del presidente Gustavo Petro atraviesa un momento de alta tensión política tras la denuncia del ministro de Justicia (e) y secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el software de espionaje Pegasus, una herramienta tecnológica de vigilancia que ha generado controversia a nivel internacional.

De acuerdo con el relato del funcionario, los seguimientos habrían comenzado desde 2025 y no solo lo habrían afectado a él, sino también a integrantes de su familia. Idárraga sostuvo que la información que ha logrado recopilar apunta a que la operación de espionaje habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando recursos de contrainteligencia del Estado, específicamente estructuras del Ejército y fondos catalogados como gastos reservados.

La denuncia resulta particularmente delicada por tratarse de un señalamiento directo entre dependencias del mismo Ejecutivo. De confirmarse, se trataría de un caso de interceptaciones ilegales dentro del Gobierno nacional, lo que plantea serias preguntas sobre el uso de las capacidades de inteligencia estatal y el respeto por las garantías constitucionales, incluso al interior de la administración.

En declaraciones públicas, Idárraga expresó su preocupación por el alcance de los hechos y cuestionó las motivaciones detrás de los presuntos seguimientos. Señaló que no encuentra justificación alguna para que se empleen herramientas de espionaje contra un funcionario cuya labor ha estado enfocada en la investigación de casos de corrupción. “¿Buscan atacar a sus propios funcionarios?”, se preguntó, al tiempo que solicitó a la Contraloría General de la República una revisión detallada del manejo de los recursos destinados a contrainteligencia.

Como parte de las acciones legales, el ministro informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra personas indeterminadas. Según explicó, espera que las autoridades judiciales adelanten una investigación exhaustiva que permita establecer quiénes ordenaron y ejecutaron las interceptaciones, así como determinar si se violaron derechos fundamentales como la privacidad y la reserva de las comunicaciones.

La denuncia generó un inmediato remezón político. El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó públicamente su solidaridad con Idárraga y recordó que en diciembre de 2025 denunció haber sido también víctima de espionaje con Pegasus, tras los resultados de una investigación privada que contrató. Benedetti afirmó conocer de primera mano la sensación de vulnerabilidad que producen este tipo de prácticas y calificó a los responsables como “mentes perversas”, aunque evitó señalar nombres o entidades específicas.

Desde el Congreso de la República, las reacciones no se hicieron esperar. El representante del Pacto Histórico, David Racero, calificó la situación como “muy grave” y sostuvo que el Ministerio de Defensa debe dar explicaciones claras ante la posibilidad de que se hayan vulnerado las comunicaciones de un ministro de Estado. Racero advirtió que los cuestionamientos sobre esa cartera se han incrementado y que este caso podría profundizar la desconfianza institucional.

En la misma línea, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, manifestó su preocupación por el alcance de la denuncia y señaló que resulta alarmante que el propio Gobierno esté, presuntamente, espiando a uno de sus integrantes. Además, planteó interrogantes sobre las garantías para quienes han sido críticos o detractores de la administración, si este tipo de prácticas se estarían utilizando contra aliados políticos.

Hasta el momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos realizados por Idárraga. Tampoco se ha confirmado si existió algún diálogo previo entre ambos funcionarios antes de que la denuncia se hiciera pública. Es de recordar que esa cartera estuvo bajo la dirección de Iván Velásquez hasta febrero de 2025, cuando se produjo el cambio en la jefatura del Ministerio.

El caso vuelve a poner en el centro del debate nacional el uso del software Pegasus en Colombia, una herramienta cuya adquisición, legalidad y aplicación han sido cuestionadas en reiteradas ocasiones, incluso por el propio presidente Gustavo Petro. La denuncia de Idárraga abre un nuevo capítulo de tensión política e institucional dentro del Ejecutivo y podría tener profundas implicaciones jurídicas y administrativas, dependiendo del rumbo que tomen las investigaciones.