La declaratoria de emergencia económica firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre entró en una nueva fase este viernes, cuando el Senado de la República fue convocado a una sesión extraordinaria en pleno receso legislativo. La decisión, adoptada por el presidente del Congreso, Lidio García, reactivó el pulso institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo y puso sobre la mesa la discusión sobre los alcances del control político en estados de excepción.

La sesión, citada de manera virtual, tiene como propósito formal el anuncio de ascensos en las Fuerzas Militares y de Policía. No obstante, el espacio también permitirá que los senadores se pronuncien sobre el decreto de emergencia, expedido en un periodo en el que tanto el Congreso como la Corte Constitucional se encontraban en pausa por las festividades de fin de año.

Desde sectores de la oposición se insistió en que la declaratoria no puede quedar al margen del escrutinio legislativo. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, fue uno de los principales promotores de la convocatoria y defendió la necesidad de que el país conozca las razones que llevaron al Gobierno a acudir a una medida excepcional, así como los posibles efectos económicos y fiscales que se derivarían de su aplicación.

Motoa anunció que presentará una proposición para citar un debate de control político en el Senado, con el fin de evaluar el contenido del decreto y las decisiones que el Ejecutivo pretende adoptar al amparo del estado de emergencia. A su juicio, se trata de una discusión que no admite dilaciones, dado el impacto que estas medidas podrían tener sobre la economía nacional.

El congresista argumentó que la Constitución Política de 1991 establece el control político como una función permanente del Congreso, independiente de los periodos ordinarios de sesiones. En ese sentido, sostuvo que el receso legislativo no suspende la facultad del Legislativo para vigilar y examinar los actos del Gobierno.

La convocatoria generó una reacción inmediata desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la posibilidad de adelantar la revisión del decreto sin que el Gobierno haya remitido previamente el informe que detalla las medidas adoptadas, requisito contemplado en el artículo 215 de la Constitución y en la Ley 137 de 1994. Según Benedetti, ese informe aún no ha sido enviado, lo que limitaría el alcance de cualquier discusión en el Congreso.

Además, el ministro puso en duda la validez de una sesión virtual sin que exista una causa excepcional que la justifique. A estas críticas se sumaron las del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien elevó el tono del debate con declaraciones que profundizaron la confrontación política entre el Gobierno y la presidencia del Congreso.

Pese a los cuestionamientos, Lidio García defendió la legalidad de la convocatoria y aseguró que la Constitución no prohíbe que el Congreso se reúna en sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe del Ejecutivo. Reiteró que el Legislativo no está subordinado al Gobierno y que su responsabilidad es examinar con rigor los decretos que se expidan bajo figuras excepcionales.

El presidente del Senado calificó la citación como un acto de responsabilidad institucional y respondió a los señalamientos personales en su contra a través de sus redes sociales, donde rechazó las acusaciones y defendió la autonomía del Congreso frente al Ejecutivo.

Con los ánimos caldeados y un clima de confrontación entre las ramas del poder público, la sesión extraordinaria se perfila como un primer paso en el proceso de revisión del decreto de emergencia económica. Incluso, ya se analizan nuevas convocatorias en los próximos días para contar con el tiempo necesario que permita un estudio integral de la medida, cuyo tránsito inicial se dio en medio del receso legislativo y la vacancia judicial.