La decisión del Gobierno nacional de declarar una emergencia económica volvió a encender el debate institucional en el país y provocó un nuevo choque entre el Legislativo y el Ejecutivo. En el centro de la controversia están los límites del control político que puede ejercer el Congreso y el momento en el que debe realizarse, lo que derivó en un intercambio de posiciones entre el presidente del Congreso, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Aunque el Senado fue convocado a sesiones extraordinarias para tratar ascensos en las Fuerzas Militares y de Policía, desde la mesa directiva se planteó que estas jornadas también servirán para abrir la discusión política sobre la emergencia decretada por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa generó incomodidad en el Gobierno, que sostiene que las sesiones extraordinarias no pueden utilizarse para estudiar formalmente los decretos expedidos bajo el estado de excepción.

Lidio García confirmó que la plenaria del Senado se reunirá el próximo 26 de diciembre y afirmó que el Congreso comenzará a ejercer control político sobre la medida, argumentando que se trata de una decisión de alto impacto que no puede quedar sin debate. Según el senador liberal, la corporación tiene la obligación constitucional de revisar y cuestionar los alcances de la emergencia, especialmente cuando existen dudas sobre su viabilidad jurídica.

El presidente del Congreso recordó que el Legislativo ya había rechazado la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba obtener recursos para financiar el presupuesto de 2026. En ese contexto, advirtió que recurrir a una declaratoria de emergencia para suplir la falta de respaldo parlamentario podría interpretarse como un intento de desconocer la voluntad del Congreso y de alterar el equilibrio de poderes.

García sostuvo que aceptar este argumento sentaría un precedente peligroso, pues implicaría que cualquier iniciativa fiscal negada por el Congreso podría justificarse posteriormente mediante un estado de excepción. A su juicio, ello vaciaría de contenido la función deliberativa del Legislativo y concentraría decisiones clave en el Ejecutivo. Durante la sesión extraordinaria, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, anunció que presentará una proposición para formalizar el control político a la medida.

Desde el Ministerio del Interior, Armando Benedetti respondió que el Congreso no puede adelantar un análisis de fondo sobre la emergencia económica sin contar previamente con los documentos oficiales que sustentan la decisión del Gobierno. Además, cuestionó la posibilidad de que dicho debate se realice de manera virtual, al señalar que este mecanismo solo está permitido en circunstancias excepcionales claramente definidas por la ley.

El ministro explicó que el informe técnico y jurídico será enviado en los plazos correspondientes y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a asistir a las citaciones que programe el Congreso, siempre y cuando se respeten los procedimientos legales establecidos.

En defensa de la declaratoria, el presidente Gustavo Petro ofreció una alocución televisada el pasado 23 de diciembre, en la que expuso los riesgos económicos que, según el Gobierno, enfrenta el país. El mensaje presidencial, que se extendió por más de una hora, incluyó un fuerte componente político y referencias al futuro del proyecto gubernamental de cara a las elecciones de 2026.

Entre tanto, la Corte Constitucional informó que no adelantará el estudio de los decretos de emergencia durante la vacancia judicial y que el análisis se realizará a partir de enero. Esta decisión generó nuevas reacciones desde la oposición, luego de que el expresidente Álvaro Uribe anunciara que el partido Centro Democrático presentó una acción de tutela con el objetivo de frenar la medida adoptada por el Ejecutivo.

El debate sobre la emergencia económica se perfila así como uno de los principales focos de confrontación política e institucional para el inicio del próximo año, con implicaciones que van más allá del ámbito económico y que ponen a prueba la relación entre los poderes del Estado.