El excontralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, lanzó fuertes críticas al reciente decreto emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante el cual se suspenden las operaciones ofensivas tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional contra los grupos disidentes de las Farc, en particular aquellos que integran el denominado
El excontralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, lanzó fuertes críticas al reciente decreto emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante el cual se suspenden las operaciones ofensivas tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional contra los grupos disidentes de las Farc, en particular aquellos que integran el denominado Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Calarcá Córdoba.
Esta medida, que tendrá vigencia hasta la medianoche del 18 de mayo de 2025, fue explicada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como parte de una estrategia temporal dentro del proceso de paz que el Ejecutivo intenta consolidar con estas estructuras armadas. Sin embargo, Córdoba expresó su firme desacuerdo con la decisión, señalando que podría interpretarse como un acto de debilidad institucional frente a organizaciones que han sido responsables de graves delitos.
“El presidente firmó un decreto que impide actuar contra quienes asesinan campesinos, reclutan menores y extorsionan comunidades. ¿Cómo se puede construir paz así?”, manifestó el exfuncionario, quien también cuestionó el impacto de esta política en la moral de la Fuerza Pública y de la ciudadanía en general.
En un tono crítico, Córdoba advirtió que la paz no se logra con concesiones unilaterales, sino con justicia, autoridad y respeto por las víctimas del conflicto armado. Además, insinuó que decisiones como esta debilitan la legitimidad del Estado y podrían alentar nuevas expresiones de violencia.
El excontralor ha ganado visibilidad en los últimos meses como posible precandidato presidencial dentro del Partido Liberal, y su postura frente a la política de “paz total” del actual Gobierno refleja un posicionamiento firme en materia de seguridad y legalidad.












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