La tensión entre el Gobierno nacional y varios mandatarios departamentales se profundizó luego de que 17 gobernadores anunciaran que no aplicarán un decreto expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que la medida compromete seriamente la estabilidad financiera de los departamentos y vulnera su autonomía fiscal.

La decisión fue adoptada tras una reunión prolongada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en Bogotá, donde los gobernadores coincidieron en que el incremento al impuesto al consumo de licores y productos derivados del tabaco podría generar un efecto contrario al esperado por el Ejecutivo: una reducción del consumo, caída del recaudo y, en consecuencia, un impacto directo sobre los recursos que financian sectores clave como salud, educación y deporte.

Entre los departamentos que se sumaron a la postura se encuentran Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia. De manera concertada, los mandatarios anunciaron que acudirán a acciones judiciales individuales, principalmente tutelas, y solicitarán a la Corte Constitucional un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del decreto.

Mientras se resuelve el debate jurídico, los gobernadores optaron por suspender la aplicación de la norma en sus territorios, amparados en la figura de la excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano para evitar la aplicación de disposiciones que se consideren contrarias a la Constitución.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que la FND elaborará un documento jurídico que servirá como soporte para las decisiones que adopte cada administración departamental. Aclaró que, si bien las acciones se presentarán de manera individual, la determinación de no aplicar el decreto fue tomada de forma conjunta.

Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón sostuvo que el decreto impone una carga tributaria excesiva y constituye una amenaza directa a la autonomía fiscal de las regiones. Según señaló, la Constitución ofrece herramientas de defensa inmediata cuando se considera que una norma excede los límites legales y afecta competencias propias de los entes territoriales.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la postura de los gobernadores y advirtió que desconocer un decreto equivale a incumplir la ley. En sus declaraciones públicas, señaló que solo la Corte Constitucional tiene la facultad de definir la validez de las normas y alertó sobre posibles responsabilidades penales y patrimoniales para los mandatarios que dejen de recaudar los recursos previstos.

Las afirmaciones del ministro generaron reacciones inmediatas desde las regiones. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, defendió la actuación de los gobernadores y aseguró que están ejerciendo mecanismos legales legítimos. “Estamos recurriendo a las instancias judiciales y haciendo uso de figuras previstas en la Constitución, porque consideramos que este decreto vulnera principios fundamentales del orden constitucional”, manifestó.

Este episodio marca un hecho sin precedentes en el actual Gobierno, pues es la primera vez que más de la mitad de los gobernadores del país adoptan una postura coordinada para no aplicar una medida del Ejecutivo, lo que evidencia un deterioro en la relación entre la Casa de Nariño y los entes territoriales.

La Federación Nacional de Departamentos respaldó públicamente a los gobernadores y, a través de un comunicado, advirtió que el decreto podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y limitar su capacidad de garantizar servicios esenciales a la ciudadanía.

En el mismo pronunciamiento, la FND pidió respeto por la institucionalidad regional y rechazó los señalamientos del ministro del Interior, al considerar que deslegitiman el mandato democrático de los gobernadores y desconocen su responsabilidad de proteger los intereses de sus comunidades.

Además del debate fiscal, los mandatarios aprovecharon el encuentro para solicitar al Gobierno nacional la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad, con el fin de revisar las medidas que serán incorporadas al Plan Democracia y fortalecer las acciones de inteligencia para prevenir riesgos como el constreñimiento electoral, el control territorial por grupos armados y otras amenazas a la seguridad regional.

En medio de este escenario, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció que se podrían emprender acciones judiciales contra los gobernadores que se nieguen a acatar los decretos de la emergencia económica, lo que anticipa un nuevo capítulo de confrontación legal e institucional que ahora quedará en manos de los jueces y de la Corte Constitucional.