Estados Unidos rechazó de forma tajante las acusaciones de estar librando una guerra contra Venezuela, durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se abordó la situación política del país sudamericano y el rol de Washington en los acontecimientos recientes.

La postura estadounidense fue presentada por el embajador ante la ONU, Mike Waltz, quien afirmó que las acciones emprendidas por su gobierno no constituyen una ocupación ni una intervención militar contra la población venezolana. “No existe ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. Estados Unidos no está ocupando ningún país”, sostuvo ante los miembros del Consejo.

Durante su intervención, Waltz defendió la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al calificarla como una acción de carácter judicial y no militar. Según el diplomático, la operación estuvo dirigida contra una persona a la que Estados Unidos considera vinculada al narcotráfico y que deberá responder ante tribunales estadounidenses por delitos presuntamente cometidos durante más de una década contra ciudadanos de ese país.

El embajador fue enfático al señalar que, desde la perspectiva de Washington, Maduro no ostentaba legitimidad como jefe de Estado. Argumentó que su permanencia en el poder se sostuvo mediante la manipulación del sistema electoral venezolano, lo que, a su juicio, invalida su reconocimiento democrático. “No era un presidente legítimo ni un jefe de Estado elegido de manera transparente”, afirmó.

Waltz también dirigió críticas a la comunidad internacional y a los países que promovieron la sesión, entre ellos Colombia, China y Rusia, que cuestionaron la actuación estadounidense. En particular, reprochó que algunos Estados continúen otorgando trato diplomático a Maduro. “Si este Consejo decide conferir legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y tratarlo como a un presidente democráticamente electo, es necesario preguntarse qué principios defiende esta organización”, expresó.

Frente a los señalamientos sobre una posible violación del derecho internacional, el representante estadounidense sostuvo que la acción se llevó a cabo en cumplimiento de la responsabilidad del presidente de Estados Unidos de proteger a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. En ese sentido, vinculó al entorno del gobierno venezolano con redes de narcoterrorismo que, según afirmó, han tenido consecuencias directas en la seguridad de su país.

De acuerdo con Waltz, estas organizaciones criminales han sido responsables de la muerte de miles de estadounidenses, lo que, desde la óptica de Washington, justifica una respuesta firme y sostenida. “Estados Unidos no puede permanecer pasivo frente a amenazas de esta magnitud”, señaló.

El embajador añadió que la vía diplomática fue explorada antes de llegar a este punto. Indicó que el entonces presidente Donald Trump ofreció a Maduro diversas alternativas para facilitar una transición política negociada. “Se le ofrecieron múltiples salidas por la vía diplomática”, afirmó, sin especificar el contenido de dichas propuestas.

En relación con el futuro político de Venezuela, Waltz insistió en que Estados Unidos no busca ejercer control territorial ni imponer un gobierno por la fuerza. Según dijo, el objetivo es promover un escenario de estabilidad que permita mejorar las condiciones de vida de la población venezolana y reducir los niveles de inseguridad en la región. “Un futuro mejor para Venezuela también es un futuro más seguro para todo el hemisferio”, señaló.

El representante estadounidense concluyó reiterando que su país mantendrá su compromiso de combatir el narcoterrorismo y de actuar para proteger a sus ciudadanos. “Seguiremos defendiendo la paz, la libertad y la justicia, y apoyando al pueblo venezolano en su aspiración de un futuro distinto”, afirmó.

La sesión del Consejo de Seguridad volvió a evidenciar las profundas divisiones dentro de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana, así como las diferencias sobre el alcance de las acciones unilaterales, la legitimidad política y el papel de los organismos multilaterales en conflictos de alto impacto regional.