Colombia despidió 2025 sumida en un clima de alta tensión política, institucional y social. La violencia armada volvió a ocupar titulares, la relación con Estados Unidos atravesó su momento más crítico y los escándalos de corrupción golpearon el corazón del poder. Todo ocurrió mientras el país empezaba a moverse en clave electoral de cara a las presidenciales de 2026.

El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentó uno de sus años más difíciles. Su apuesta por la “paz total”, las reformas estructurales y una narrativa de confrontación con sectores tradicionales profundizaron la polarización y dejaron un país dividido entre respaldo y rechazo.

Un choque diplomático sin precedentes

El arranque del año estuvo marcado por el deterioro acelerado de las relaciones con Estados Unidos. La negativa del Gobierno colombiano a recibir vuelos con migrantes deportados, bajo condiciones consideradas inhumanas, detonó un cruce público entre Petro y el presidente Donald Trump. Washington respondió con amenazas arancelarias y sanciones diplomáticas que sacudieron los mercados y generaron incertidumbre.

Meses después llegó la descertificación en la lucha contra las drogas, tras el aumento de los cultivos ilícitos a niveles históricos. El episodio más delicado ocurrió en octubre, cuando el Departamento del Tesoro incluyó al mandatario colombiano y a miembros de su entorno cercano en la lista de sanciones de la Ofac, una decisión sin antecedentes que endureció aún más el discurso del Ejecutivo.

El escándalo que expuso la corrupción estatal

En el plano interno, el caso de la UNGRD se convirtió en el mayor golpe político para la Casa de Nariño. Las investigaciones judiciales destaparon una red de sobornos y desvío de recursos públicos, presuntamente utilizada para asegurar apoyos legislativos a las reformas del Gobierno. Exfuncionarios, excongresistas y antiguos ministros terminaron involucrados, varios de ellos enviados a prisión, lo que profundizó el desgaste institucional.

Violencia que se reacomoda

Mientras tanto, el conflicto armado mostró una preocupante reconfiguración. Grupos ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc fortalecieron su presencia territorial, pese a los procesos de diálogo impulsados por el Ejecutivo. Zonas como el Catatumbo, el Cauca, el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño concentraron desplazamientos masivos, paros armados y ataques contra la Fuerza Pública.

Las cifras oficiales y de organizaciones sociales evidenciaron un deterioro sostenido de la seguridad, con un aumento significativo de masacres, secuestros y asesinatos de líderes sociales.

Un crimen que sacudió la democracia

El país quedó en shock tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, entonces precandidato presidencial. El ataque, ocurrido en junio, terminó con su muerte semanas después y reavivó los fantasmas de la violencia política. Las autoridades avanzaron en la captura de los responsables materiales y apuntaron a estructuras armadas ilegales como posibles responsables intelectuales.

Uribe, los tribunales y la calle

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue otro de los grandes ejes del debate nacional. Tras una condena inicial, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y absolvió al exmandatario. El proceso desató movilizaciones, pronunciamientos políticos y una fuerte disputa narrativa entre Gobierno y oposición.

Reformas, protestas y desgaste

Las reformas bandera del Gobierno Petro —salud, pensiones y tributaria— encontraron resistencias en el Congreso y la Corte Constitucional. El estancamiento legislativo derivó en un año marcado por marchas multitudinarias, tanto de respaldo como de rechazo al Ejecutivo, que reflejaron el nivel de polarización del país.

El caso del hijo del presidente

A la crisis política se sumó el proceso judicial contra Nicolás Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Aunque no fue enviado a prisión, el avance del caso mantuvo la atención pública y sumó presión al Gobierno, con un fallo esperado para 2026.

Un país en modo campaña

El cierre del año dejó un escenario político fragmentado, con decenas de precandidatos, alianzas en construcción y una ciudadanía expectante. Colombia entró así en 2026 con un clima electoral cargado de incertidumbre, luego de un año que dejó huellas profundas en la institucionalidad y en la confianza pública.