Las autoridades desarticularon una presunta red de corrupción dedicada a la venta de expedientes judiciales y a la manipulación de procesos penales, un entramado que habría operado durante más de una década y que involucraría a funcionarios activos de organismos clave de investigación criminal en el país. La Fiscalía General de la Nación confirmó la
Las autoridades desarticularon una presunta red de corrupción dedicada a la venta de expedientes judiciales y a la manipulación de procesos penales, un entramado que habría operado durante más de una década y que involucraría a funcionarios activos de organismos clave de investigación criminal en el país.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de nueve personas, señaladas de cobrar millonarias sumas de dinero a cambio de direccionar investigaciones, filtrar información confidencial y entregar material probatorio reservado. Entre los detenidos figuran cuatro integrantes en servicio activo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
De acuerdo con las pesquisas adelantadas, los implicados se habrían valido de sus cargos para acceder de manera irregular a expedientes judiciales sensibles, los cuales, presuntamente, eran entregados a terceros relacionados con estructuras del narcotráfico. Las tarifas por estos servicios ilegales oscilarían entre 400 y 1.000 millones de pesos, dependiendo del nivel de información suministrada.
El material entregado incluía copias completas de procesos, pruebas clave y otros documentos protegidos por reserva judicial. En algunos casos, según la Fiscalía, los funcionarios habrían eliminado o alterado elementos materiales probatorios, además de ocultar bienes vinculados a las investigaciones en curso.
Las autoridades cuentan con evidencia que vincula estas prácticas ilegales con al menos tres procesos judiciales adelantados entre 2014 y 2025, lo que revela la persistencia y alcance de la red a lo largo del tiempo. Una vocera de la Fiscalía indicó que parte de la información fue entregada en encuentros presenciales realizados en ciudades como Bogotá y Villavicencio, incluso mediante dispositivos de almacenamiento digital.
“Se extrajeron informes y piezas clave de investigaciones reservadas que fueron entregadas de forma clandestina a cambio de dinero”, explicó la representante del ente acusador, quien también confirmó que estas acciones comprometieron gravemente el desarrollo de los procesos judiciales afectados.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los capturados ni detalles precisos sobre la estructura interna de la red, aunque se sabe que el caso continúa en etapa de investigación para determinar la responsabilidad de otros posibles implicados.
En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías, quien definirá si se les impone medida de aseguramiento mientras avanzan las diligencias judiciales. La Fiscalía anunció que entregará más información a medida que se esclarezca el funcionamiento completo de este esquema de corrupción que golpea la credibilidad del sistema judicial.











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