La decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de avanzar en la emisión de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 23 billones de pesos, sumada a la inminente declaratoria de una emergencia económica, ha escalado el enfrentamiento político entre el Ejecutivo y sus contradictores, en un contexto marcado por la fragilidad de las mayorías legislativas y la cercanía del ciclo electoral.

El movimiento del Gobierno se produce tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, una iniciativa clave del programa económico del petrismo que buscaba un recaudo adicional de 16,3 billones de pesos. La derrota parlamentaria dejó en evidencia las dificultades del Ejecutivo para construir consensos y abrió el debate sobre hasta dónde puede llegar el uso de mecanismos extraordinarios cuando no se alcanza respaldo político en el Legislativo.

Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que la operación de deuda no constituye una medida excepcional, sino una herramienta regular para atender compromisos financieros del Estado. Sin embargo, en el escenario político el anuncio fue interpretado como una señal de ruptura con la lógica de concertación y como un mensaje de fuerza frente a un Congreso que cerró filas contra la ley de financiamiento.

La oposición reaccionó con dureza. Voces del Centro Democrático y de otros sectores críticos del Gobierno advirtieron que el aumento del endeudamiento traslada la factura de la confrontación política a los ciudadanos y compromete la sostenibilidad fiscal. Para estos sectores, la eventual emergencia económica no respondería a una situación sobreviniente, sino a un revés político previsible, lo que pondría en entredicho su legitimidad constitucional.

Las críticas se extendieron al plano institucional. El exsenador Humberto de la Calle planteó que utilizar la emergencia para suplir una reforma tributaria negada por el Congreso podría vulnerar el equilibrio de poderes. En su análisis, el Ejecutivo estaría intentando reconfigurar por decreto lo que no logró aprobar mediante el debate democrático, una tesis que ha ganado eco entre juristas y analistas políticos.

A ese coro se sumó la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien cuestionó el momento elegido para expedir los decretos, en plena vacancia judicial. Desde su perspectiva, el Gobierno buscaría limitar la capacidad de reacción de la Corte Constitucional, lo que intensificó el debate sobre la transparencia y la oportunidad política de las decisiones.

El Gobierno, por su parte, ha optado por reforzar su narrativa de confrontación. El presidente Petro defendió la emisión de TES señalando que buena parte de los recursos se destinarán a refinanciar deudas heredadas de administraciones anteriores. Además, ha reiterado que el verdadero trasfondo del conflicto es la negativa del Congreso a aprobar impuestos más altos para los sectores de mayores ingresos.

En esa línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, trasladó la discusión al terreno político al responsabilizar a los “intereses económicos” del hundimiento de la reforma. Para el Ejecutivo, el vacío dejado en el presupuesto general —que asciende a 547 billones de pesos— obliga a explorar mecanismos alternativos para garantizar la ejecución del plan de gobierno.

El choque se da en un momento particularmente sensible. Con el calendario electoral en marcha, cada decisión del Ejecutivo adquiere una dimensión política adicional. Para la oposición, la emergencia económica podría convertirse en una herramienta para sostener el relato de continuidad del proyecto progresista; para el Gobierno, se trata de evitar que la falta de recursos frene políticas sociales que considera centrales para su legitimidad.

Así, la discusión sobre la deuda y la emergencia económica trasciende el ámbito técnico y se instala de lleno en el terreno del poder. El desenlace de este pulso no solo definirá el margen de maniobra del Ejecutivo en materia fiscal, sino que también marcará el tono de la confrontación política en la recta final hacia las próximas elecciones.