La reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro volvió a naufragar en el Congreso. Con ocho votos en contra y cinco a favor, la Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez la iniciativa, reeditando un escenario político que ya se vivió con la fallida primera versión del proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo y sus aliados no dan la batalla por perdida y recurren nuevamente a la figura de la apelación como estrategia para mantener viva la propuesta.

La solicitud de apelación fue radicada por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, el mismo congresista que meses atrás logró reactivar la reforma laboral mediante un mecanismo similar. El documento cuenta con el respaldo de los cinco senadores que votaron a favor del proyecto: además de Díaz, Omar Restrepo (Comunes), Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, estos últimos del Pacto Histórico.

Con esta movida, el Gobierno busca que la plenaria del Senado reevalúe el archivo del proyecto y, eventualmente, ordene su traslado a otra comisión para continuar el trámite legislativo. No obstante, el principal obstáculo ahora es el tiempo. A diferencia de lo ocurrido con la reforma laboral —que avanzó en medio de movilizaciones ciudadanas y un llamado a consulta popular impulsado desde la Casa de Nariño— el calendario legislativo juega en contra.

El Congreso se encuentra en el tramo final de una legislatura marcada por el inicio del año preelectoral, tradicionalmente uno de los periodos de menor productividad parlamentaria. Además, la Comisión Séptima ya no volverá a sesionar este año, por lo que la decisión sobre la apelación quedará en manos de la plenaria, que solo podrá pronunciarse a partir de marzo del próximo año.

El procedimiento contempla que una Comisión Accidental estudie la apelación y emita uno o varios informes sobre su viabilidad. En el caso de la reforma laboral, esta instancia estuvo integrada por los presidentes de las comisiones constitucionales y la cabeza del Congreso. Un esquema similar podría repetirse ahora, antes de que la plenaria vote si acepta o no la apelación.

Si la apelación prospera, el proyecto no quedaría aprobado automáticamente. El siguiente paso sería enviarlo a otra comisión del Senado, donde tendría que ser debatido y votado nuevamente, como cualquier iniciativa ordinaria. En el texto de la apelación, los congresistas promotores citan expresamente el antecedente de la reforma laboral como un caso exitoso.

Entre los senadores que votaron por archivar la reforma se encuentran representantes de distintos partidos, quienes argumentaron que el Gobierno no había presentado el aval fiscal necesario para respaldar el impacto económico del proyecto. A esta dificultad se sumó el reciente hundimiento de la ley de financiamiento, clave para cubrir el presupuesto del próximo año y, según el Ejecutivo, para garantizar los recursos que demandaría la reforma al sistema de salud.

El presidente Gustavo Petro reaccionó al revés legislativo a través de su cuenta de X, donde reiteró que la crisis del sistema no es responsabilidad de su administración. El mandatario sostuvo que los problemas se originaron hace más de una década, cuando —según afirmó— las EPS fueron transformadas en aseguradoras financieras, lo que derivó en el desvío de recursos y la liquidación de más de un centenar de entidades.

Petro también lanzó críticas directas contra sectores del Congreso, a los que acusó de bloquear la reforma por intereses ligados a la privatización del sistema. Según el jefe de Estado, el proyecto buscaba fortalecer un modelo preventivo de salud pública y corregir las fallas estructurales que, a su juicio, han profundizado la crisis actual.

Con dos reformas archivadas en pocos meses, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo entra en una fase de mayor tensión. En un escenario preelectoral y con un alto costo político asociado a la reforma a la salud, las posibilidades de acuerdos amplios parecen cada vez más limitadas, mientras el Gobierno evalúa hasta dónde puede llegar su estrategia de presión política y legislativa en el Congreso.