Colombia atraviesa nuevamente una jornada de alta tensión en materia de orden público debido al paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que rige desde este domingo y se mantendrá vigente hasta la medianoche del miércoles. La medida, anunciada con alcance nacional, ha encendido las alertas de las autoridades civiles y militares, ante el impacto que este tipo de acciones tiene sobre la seguridad y la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

El ELN, considerado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, justificó el paro armado como una respuesta política frente a lo que denomina presiones e injerencias extranjeras, particularmente de Washington, así como a las operaciones militares desarrolladas en distintas zonas del país. Sin embargo, la materialización de esta protesta se ha traducido en restricciones a la movilidad, interrupciones del transporte y afectaciones directas a las economías locales, especialmente en regiones donde el grupo armado mantiene presencia histórica.

Desde el inicio del paro, se han registrado acciones violentas y de intimidación, entre ellas ataques a peajes, hostigamientos a estaciones de Policía, instalación de retenes ilegales y quema de vehículos de carga en carreteras estratégicas. Estos hechos han generado zozobra entre transportadores, comerciantes y comunidades rurales, que se ven obligadas a suspender sus actividades por temor a represalias.

La situación también provocó una rápida reacción de la comunidad internacional. La Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su rechazo a las amenazas proferidas por el ELN y cuestionó la narrativa del grupo insurgente, señalando que sus acciones terminan perjudicando a la población civil. La misión diplomática calificó el paro armado como una medida injustificada y reiteró su recomendación de limitar los desplazamientos en el país durante los días de vigencia de la acción armada.

En el ámbito interno, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, afirmó que el ELN persiste en el uso de la violencia, el narcotráfico y la intimidación como mecanismos de presión. A través de sus redes sociales, el funcionario sostuvo que este grupo armado ilegal no actúa en defensa de las comunidades, sino que vulnera de manera sistemática los derechos de campesinos, pueblos indígenas y sectores históricamente marginados. Además, anunció recompensas económicas por información que permita anticipar o frustrar posibles atentados en distintas regiones del país.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció de manera enfática contra el paro armado y reiteró su respaldo a la fuerza pública para enfrentar cualquier acción que ponga en riesgo a la ciudadanía. El jefe de Estado aseguró que las amenazas del ELN afectan directamente a Colombia y no a gobiernos extranjeros, y llamó a los ciudadanos a no ceder ante el miedo. En ese sentido, invitó a la población a mantener sus actividades habituales y a participar de las celebraciones de fin de año, subrayando que el país no puede permitir que actores armados ilegales impongan su voluntad mediante la violencia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las consecuencias humanitarias derivadas de este tipo de medidas. En un comunicado, la entidad advirtió que los paros armados constituyen una forma de control territorial ilegítimo que impacta de manera directa a la población civil, al restringir la libre circulación, paralizar economías locales y dificultar el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y el abastecimiento de alimentos. Asimismo, alertó sobre el riesgo de desplazamientos forzados, confinamientos y otras violaciones a los derechos humanos.

Este nuevo episodio de violencia se produce en un contexto marcado por el estancamiento de los acercamientos entre el Gobierno y el ELN. A comienzos de este año, el Ejecutivo suspendió los diálogos de paz luego de una escalada de acciones armadas en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde enfrentamientos y ataques del grupo guerrillero dejaron decenas de víctimas mortales y obligaron a miles de campesinos a abandonar sus hogares.

En medio de esta coyuntura, Antonio García, comandante del ELN, difundió un artículo en el que cuestiona la política de seguridad de Estados Unidos para América Latina. En el texto, sostiene que la estrategia estadounidense responde a una lógica de presión y dominación, y la presenta como un intento por reafirmar su influencia en la región mediante mecanismos políticos y militares, una postura que el grupo insurgente utiliza para sustentar su accionar.

Mientras tanto, las autoridades colombianas han reforzado los dispositivos de seguridad en puntos estratégicos del país, incluyendo sedes diplomáticas, instalaciones policiales y militares, corredores viales, empresas con capital extranjero y componentes críticos de la infraestructura energética. El objetivo de estas medidas es prevenir atentados, garantizar la movilidad donde sea posible y proteger a la población civil en medio de un escenario de alta tensión que vuelve a poner en evidencia los desafíos persistentes del conflicto armado en Colombia.