El excanciller Álvaro Leyva Durán, quien salió del gabinete del presidente Gustavo Petro tras el escándalo por la licitación de los pasaportes, se negó a aceptar los cargos que la Fiscalía General le imputó este martes por el presunto delito de prevaricato por acción. La investigación se concentra en varias decisiones administrativas que tomó durante el proceso contractual para la producción y distribución de los documentos, decisiones que también le costaron una destitución e inhabilidad de diez años impuesta por la Procuraduría.

La diligencia judicial tuvo lugar ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde el ente acusador expuso que Leyva habría emitido actos administrativos sin sustento jurídico mientras dirigía la Cancillería. Estos actos habrían alterado el desarrollo de la licitación, adjudicada inicialmente a la firma Thomas Greg & Sons, cuya propuesta superaba los 600.000 millones de pesos.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva ordenó suspender el proceso licitatorio pese a que ya existía un oferente ganador. En diciembre de ese mismo año, la Fiscalía abrió una investigación formal, argumentando que el exministro pudo haber actuado por fuera de la ley al declarar la licitación desierta y activar una urgencia manifiesta para permitir una contratación directa.

Fiscalía: “Actuó con conocimiento y voluntad”

Durante la imputación, la fiscal del caso señaló que las actuaciones del exministro no solo fueron contrarias al ordenamiento jurídico, sino que habrían sido ejecutadas de manera consciente. Indicó que Leyva intervino en el proceso contractual “con dolo directo”, aun cuando su propio equipo técnico le advirtió sobre la falta de sustento legal.

Según la Fiscalía, la urgencia manifiesta declarada por Leyva durante 12 meses no respondía a circunstancias excepcionales y buscaba excluir del proceso a la empresa que ya contaba con el mayor puntaje. “Intervino de forma arbitraria, caprichosa y tozuda”, afirmó la delegada, quien sostuvo que el exfuncionario abusó de su posición para justificar retrasos que serían consecuencia de fallas en la planeación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Audiencia avanza sin presencia física del excanciller

La audiencia inició hacia las 9:00 de la mañana, con la conexión virtual de Leyva, quien no asistió de manera presencial a la sala del Tribunal Superior. Durante la intervención, la fiscal detalló los actos administrativos que llevaron a declarar desierta la licitación y cuestionó que el exministro hubiera emitido resoluciones “sin razones jurídicas válidas”.

A pesar de la exposición del ente acusador, Leyva no aceptó el cargo imputado. La investigación continúa, mientras la Fiscalía intenta establecer si el exministro incurrió en prevaricato por acción en relación con uno de los procesos contractuales más polémicos del actual gobierno.