Un reciente informe de la Unidad Investigativa de Caracol Televisión, encabezado por el periodista Ricardo Calderón, volvió a poner en el centro del debate público el alcance de la infiltración criminal en las instituciones del Estado. La investigación revela el contenido de más de un centenar de dispositivos electrónicos —computadores, memorias y celulares— incautados a alias Calarcá, integrante de las disidencias de las Farc, cuya información permanece archivada en la Fiscalía sin mayores avances judiciales.

Los documentos analizados contendrían comunicaciones que comprometerían a integrantes de las disidencias con altos funcionarios estatales. Entre los mencionados figuran el general Juan Miguel Huerta, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wílber Mejía, miembro directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El material sugiere posibles nexos que habrían permitido a estos grupos ilegales influir en instituciones oficiales e incluso en escenarios políticos de alto nivel.

El impacto del reportaje generó una ola de reacciones. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras cuestionó la falta de respuestas por parte del Gobierno y de la cúpula militar, señalando que el silencio oficial resulta preocupante en un contexto preelectoral.

Por su parte, el exfiscal general Francisco Barbosa advirtió sobre la gravedad de los hallazgos y afirmó que estos revelarían una penetración estructural del crimen organizado en el Estado. Barbosa pidió que se investigue a los funcionarios implicados y sugirió que organismos internacionales podrían intervenir ante la magnitud del caso.

La periodista y candidata Vicky Dávila centró sus críticas en la gestión de la fiscal general Luz Adriana Camargo, insistiendo en que el material incautado compromete a figuras del Gobierno, miembros de la Fuerza Pública y civiles. Recordó además episodios previos en los que Camargo tomó decisiones relacionadas con alias Calarcá.

El precandidato David Luna calificó las revelaciones como “contundentes” y afirmó que estas muestran cómo estructuras narcotraficantes habrían logrado acceso a organismos de inteligencia y a sectores de la Fuerza Pública. Exigió explicaciones inmediatas y advirtió que, de verificarse la información, el país enfrentaría una crisis institucional sin precedentes.

A su turno, el candidato Juan Carlos Pinzón aseguró que el contenido del informe afecta directamente el prestigio de las Fuerzas Armadas. Señaló que, de confirmarse los vínculos, el oficial mencionado debería ser desvinculado y judicializado.

Finalmente, el expresidente Andrés Pastrana recordó que durante la campaña ya había advertido sobre posibles pactos entre actores políticos y organizaciones criminales. Según dijo, las revelaciones de Caracol corroborarían esas alertas.