Un reciente contrato firmado entre el Gobierno colombiano y Suecia para adquirir aviones de combate Gripen quedó bajo la lupa de autoridades estadounidenses, luego de que expertos advirtieran posibles riesgos de prácticas corruptas similares a las detectadas en negocios previos con Brasil.

La compra, realizada a través de una filial de la empresa sueca Saab, ha generado inquietudes entre analistas, quienes resaltan coincidencias entre esta negociación y un caso que ya es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presunto soborno extranjero.

El profesor Juan Carlos Portilla lideró una denuncia formal ante esa entidad norteamericana para que se verifique si la estructura corporativa de la empresa involucrada en el acuerdo con Colombia también podría activar la jurisdicción estadounidense, como ocurrió en el caso brasileño.

Portilla recordó que en 2016 Brasil firmó un contrato cercano a los USD 5,6 millones con una filial de Saab, operación que derivó en 2024 en una pesquisa en Estados Unidos por posibles irregularidades. Para el académico, el proceso seguido en Colombia tiene semejanzas que ameritan un escrutinio internacional.

El debate se intensifica en medio de señalamientos sobre el estilo de vida de Verónica Alcocer en Suecia, país con el que se firmó el acuerdo. Aunque no existe una relación probada entre estos hechos, el experto considera que deben revisarse a la luz de antecedentes financieros y de investigaciones ya abiertas en Colombia por un presunto caso de lavado de activos que involucra a la exesposa del presidente Gustavo Petro.

Portilla también subrayó que tanto Petro como Alcocer estuvieron incluidos en la lista Clinton, un antecedente que, según él, obliga a verificar movimientos financieros y posibles vínculos con el sistema bancario sueco.

El Departamento de Justicia ya recibió la documentación presentada por Portilla, la cual incluye información relacionada con indagaciones en curso en Colombia. En paralelo, se conoció que también fueron elevadas solicitudes a autoridades de la Unión Europea para examinar la situación financiera de Alcocer en territorio sueco.