La Defensoría del Pueblo y la oficina del Ombudsman han advertido que Colombia podría estar atravesando su año más letal en los últimos diez años, a causa del resurgimiento y fragmentación de actores armados en distintas zonas del país.

Según Iris Marín Ortiz, quien preside la Defensoría, tras los acuerdos de paz el panorama de seguridad ha cambiado: los grupos insurgentes y bandas criminales reorganizadas están ganando terreno en territorios periféricos, mientras disputan rutas del narcotráfico y ejercen control armado en comunidades rurales.

Entre enero y mayo de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja registró 524 víctimas de artefactos explosivos un aumento del 145 % respecto al mismo período del año anterior y se han documentado más de 85.000 personas desplazadas internamente, la cifra más alta para este tramo del año.

Los expertos temen que estos hechos castigarían con especial dureza a la población civil. Comunidades aisladas ya reportan reclutamientos forzados, intimidaciones y uso de drones con cargas explosivas como una nueva táctica de violencia.

Las alertas apuntan también a la necesidad de replantear las estrategias estatales: fortalecer la presencia del Estado, proteger a los vulnerables y recuperar espacios bajo control de la ilegalidad. La vigilancia internacional y la actuación en territorios olvidados serán clave en los meses que vienen.