El corregimiento de Ampudia, en Jamundí (Valle del Cauca), vive uno de sus peores momentos en años recientes. Desde hace tres días, los habitantes han quedado atrapados en medio del fuego cruzado entre tropas del Ejército Nacional y combatientes de la estructura Jaime Martínez, uno de los grupos más violentos de las disidencias de las FARC.

La tensión escaló rápidamente. Las ráfagas, los explosivos y las amenazas constantes obligaron a más de 300 campesinos a abandonar sus viviendas. Hoy, se refugian en el coliseo La Alfaguara, con miedo e incertidumbre sobre cuándo —o si— podrán volver a sus tierras.

El Ejército, en el marco de la operación “Escudo del Norte”, ha desactivado al menos diez artefactos explosivos plantados por los irregulares. Sin embargo, más allá del frente armado, la comunidad denuncia presiones y chantajes: los ilegales estarían forzando a los pobladores a participar en acciones contra la fuerza pública. Quienes se resisten, aseguran, reciben amenazas de incendio a sus hogares.

Los audios interceptados por inteligencia confirman lo que los lugareños ya sabían: las disidencias ordenan, a través de grupos de mensajería, que los civiles bloqueen rutas, rodeen a los militares y dificulten cualquier operación de seguridad. Incluso fijan multas de hasta medio millón de pesos para quienes no obedezcan.

El corregimiento, convertido en un campo de batalla, representa hoy uno de los mayores desafíos para la presencia del Estado en el suroccidente del país. Los pobladores, entre el miedo y la desesperanza, esperan que la situación se controle antes de que la violencia borre por completo la vida en su territorio.