La consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro no logró el respaldo necesario en el Senado. En lugar de aceptar el resultado legislativo como una expresión de la democracia representativa, el presidente respondió con una invitación a que el pueblo colombiano salga a las calles para tomar decisiones. La frase encendió las alarmas entre opositores y expertos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien lanzó una crítica frontal: “Presidente, recuerde que ya no está en el M-19. Su deber es aceptar la democracia. Su orden a la fuerza pública debe ser defender a todo el pueblo colombiano; invitar a la revuelta solo calma su sed de anarquía”.

El trasfondo del mensaje es claro: la democracia no puede ser sustituida por la agitación popular. Córdoba pone el foco en una preocupación institucional: el riesgo de que el Ejecutivo utilice el poder de las masas para presionar decisiones o desacreditar al Congreso.

A esto se suma el reciente decreto que suspende las operaciones militares contra disidencias armadas, una decisión que muchos interpretan como concesión a actores ilegales. Córdoba insiste en que el deber del presidente es gobernar con responsabilidad, dentro del marco legal, y no alimentar escenarios de confrontación social o militar.